El documento fija por primera vez criterios para determinar qué cuerpo debe investigar cada caso de secuestro de españoles en el extranjero
El Ministerio del Interior ha puesto en marcha el primer protocolo para “resolver los conflictos” que surgen entre la Policía Nacional y la Guardia Civil cuando coinciden en una investigación.
Hasta ahora, el cauce para resolver estos conflictos era el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), un organismo en el que participan ambos Cuerpos.
El documento determina que el primer criterio para asignar a un cuerpo u otro la investigación será “el lugar donde se hayan manifestado en España los efectos del delito” y, en concreto, donde se haya recibido las “comunicaciones extorsivas”, en referencia a hipotéticas llamadas para reclamar un rescate. Si el domicilio del “receptor” está en el territorio que la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de 1986 fija como territorio bajo competencia de la Policía Nacional —capitales de provincia y núcleos urbanos— será esta la encargada de las pesquisas. Si es en un pequeño municipio o el ámbito rural, será la Guardia Civil. En ausencia de esa llamada, Interior establece como criterio determinante “el domicilio habitual de la víctima en nuestro país” o, en caso de que resida fuera, el último que hubiera tenido en España.
